A.U. Contrapoder

El Reino Unido es otro caso más de estas políticas de ajuste que se están produciendo en toda Europa en la Educación Superior. Tras la llegada al poder de los conservadores y liberal-demócratas los recortes en la educación pública se han hecho públicos, pese a que el líder de los liberal-demócratas y actual viceprimer ministro prometió en la campaña electoral que no se harían recortes en Educación.

Como analiza Daniel Mourenza (2010), de la Universidad de Leeds, a partir de la publicación del informe Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance” el pasado 12 de octubre, más conocido como Browne Review (redactado por Lord John Browne, Baron of Madigley y antiguo presidente ejecutivo de BP, entre muchos otros cargos), se ha planteado una bajada en el presupuesto dedicado a las Universidades que puede llegar hasta el 80%: de los actuales 3.500 millones de libras a 700 millones. El presupuesto para la investigación se rebaja también en un millón de libras. A la vez, las matrículas universitarias van a pasar de las 3.290£ por año que cuestan actualmente (3.850 euros) a un precio que oscila entre 7.000 y 9.000£. Para afrontar el coste actual, que ya es suficientemente elevado, a los estudiantes británicos se les ofrecen préstamos. Fue Tony Blair quien introdujo, en 1998, que los estudiantes no sólo tuvieran que empezar a pagar una matrícula de 1.000£ por año, sino que también se suprimiera el sistema de becas y se potenciara el sistema de préstamos, que ya existía, pero con mucha menor cuantía.

En 2004, la matrícula subió hasta unas 3.000£. A todo esto se añade, además, la supresión del EMA (Education Maintenance Allowance), una beca que reciben estudiantes de entre 16 y 18 años para seguir estudiando más allá de la educación obligatoria, destinada a las personas con menos ingresos económicos y que generalmente se centra en las áreas económicamente más desfavorecidas, podría significar que gran parte de las clases bajas del Reino Unido no puedan aspirar a la Educación Superior.

Por eso en Sheffield, Bristol, Londres, Liverpool, o Manchester chicos de 13 o 14 años toman la calle para protestar contra estas medidas. Un 40% de los estudiantes, según publica The Guardian (22 noviembre 2010), dicen que si salen adelante las medidas que propone el Browne Review reconsiderarán si ir a la Universidad. Bernard Goyber, un estudiante de Historia de 19 años, lamentaba que "el 50% de los estudiantes no puede encontrar trabajo, la mayoría tampoco van a poder pagar esas matrículas". Otra alumna, de Irlanda del Norte, Anna Tennant-Siren, criticó a los políticos, que "deberían estar quitándoles dinero a las personas que ganan sueldos de siete cifras, no a los estudiantes que no tienen dinero". "Queremos un sistema educativo en el que cualquiera pueda tener acceso, no sólo los que tienen posiciones privilegiadas o que son ricos", ha pedido Clare Solomon, presidenta de los estudiantes de la Universidad de Londres a BBC radio.

De Inglaterra a Italia
Simultáneamente, en Italia, estudiantes, científicos y profesorado de educación superior se manifiestan en Roma, Pisa, Palermo, Pavía, Turín, Florencia, Bolonia, Milán, Cagliari, Nápoles, Génova, Siena, Trieste, Venecia o Perugia contra el decreto ley de la ministra de Educación, Mariastella Gelmini, que recorta los fondos para la Universidad pública (700 millones de euros sólo en el ámbito universitario, donde muchos puestos no se volverán a ocupar y conllevará el despido de 87.000 personas en tres años), aumentando la financiación destinada a la universidad privada. 

Recordemos que, ya en 2008, Italia aprobó una controvertida reforma que preveía el recorte de hasta 130.000 plazas de profesores y puestos administrativos en la educación hasta 2012. La protesta también es contra la privatización de los consejos de administración de los institutos, los recortes en la escuela y la universidad pública, sobre todo en el sector de la investigación, estableciendo sistemas de crédito para los estudiantes que convierte la universidad pública en elitista, así como por los fondos que se concederán para financiar las escuelas privadas. Los brutales recortes al presupuesto destinado a la educación en general, casi el 90% en las becas, así como la reducción de las clases y la transferencia de recursos públicos a manos privadas a través de cheques canjeables por educación, es una medida que, además de profundizar la mercantilización de la educación, busca pasar los costos de la crisis a la ciudadanía.

Estas medidas son las que han sacado a la clase universitaria a la calle para luchar contra gobiernos conservadores y socialdemocrátas que en Letonia, Irlanda, Francia, Islandia, Rumania, Portugal o España quieren liquidar definitivamente el Estado social privatizando y convirtiendo la educación en un negocio. De hecho, esta “música” nos suena aquí y su partitura se llama “Plan Bolonia”. Estas cifras económicas son la realidad de la reforma del EEES. “Bolonia a coste 0” ha sido el mantra predicado por todos los equipos rectorales de las Universidades españolas y la Conferencia de Rectores (CRUE), acompañando el discurso del Ministerio de Educación, regido por la égida de un gobierno socialdemócrata, empeñado en ganar la carrera neoliberal incluso a los gobiernos europeos más conservadores.

El grado ’Morrisons’
Porque, el problema de fondo de la reforma europea de la educación superior no son las declaraciones oficiales sino el marco global en el que se inscribe y la filosofía que orienta esa reforma y que, como se constata en la realidad y no en los discursos, parece desplegar un funcionamiento privatizador y mercantil de la educación en Europa.

Cuando se dice en el Browne Review que todos los programas universitarios menos Medicina, Ciencias, Ingeniería y Lenguas Modernas dejarán de recibir dinero público se está diciendo, obviamente, que las demás carreras deberán buscar fórmulas para poder subsistir. Por un lado con la subida de las matriculas de los estudiantes, y por el otro, deberá supeditarse a la lógica del mercado, es decir, conseguir financiación de la empresa privada. La Universidad de Bradford ya ha anunciado un programa de grado ‘Morrisons’ (importante cadena de supermercados en el norte de Inglaterra), que promete que tendrás “una gran carrera en los supermercados, gracias a una carrera de supermercados”. Se instala así el convencimiento de que la responsabilidad que la Universidad tiene con la Sociedad es la de beneficiar directamente a las empresas y no la de generar conocimiento y un espíritu crítico e independiente.

El argumento de la inadecuación del sistema educativo al sistema productivo y la necesidad de superar ese desfase poniendo a “la empresa” al mando, ha sido machaconamente repetido desde 1989 por las patronales del sector y los abundantes informes de los responsables de educación superior de los organismos internacionales. Algo que cuadra perfectamente con el informe Estrategia Universidad 2015: La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación en innovación en España, firmado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, presidida por la señora Ana Patricia Botín (Consejera delegada del Grupo Santander) y respaldado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que define la democracia universitaria como anticuada e ineficiente y que, por tanto, plantea eliminarla mediante una estructuración vertical del gobierno universitario, llegando a afirmar que el rector o rectora no tiene por qué ser un académico, sino por ejemplo un “hombre de negocios”, lo que, según ella, agilizaría el funcionamiento de la Universidad (aparte de privatizar todos los sistemas de gestión dentro de las universidades, claro), eso sí, equiparando su sueldo al de un alto ejecutivo, y quien sería el responsable de elegir directamente a los Decanos y Directores de Centros.

Este informe no desmerece en nada del último documento de la Fundación Alternativas (en cuyo patronato destaca el nombre del actual Presidente del Gobierno español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, así como el de Felipe González Márquez, expresidente) titulado Propuestas para la reforma de la Universidad Española. Entre las propuestas podemos destacar la desfuncionarización del PDI, la fusión de Universidades Públicas y diferenciación de las mismas en clase A y clase B (las que impartirán postgrados y doctorados frente a las que impartirán sólo grados, incluyendo enseñanzas de formación profesional). Al parecer, dicho documento es texto de trabajo del Grupo Parlamentario Socialista Español.

Por eso ya nadie se extraña cuando aparecen en los informes, en la prensa, en la boca de nuestros dirigentes, expresiones, referidas a la Universidad, como “no forma para la vida real”; “la educación que imparte es inútil”; “no sirve cuando de verdad tienes que trabajar”… De ahí que estos estribillos, repetido una y mil veces y amplificados por los medios de comunicación social, se terminen oyendo incluso en boca de las familias o del propio estudiantado. Sin parar a pensar que se está reduciendo la “utilidad” y la “vida real” al mercado laboral. Como si los seres humanos se pensaran y definieran únicamente como trabajadores y trabajadoras de la maquinaria laboral. De esta forma se está produciendo una auténtica mutación en la naturaleza y fines de la educación superior que, de formar ciudadanos y ciudadanas provistos de valores, saberes y capacidades, pasa a subordinarse completamente a la producción de “recursos humanos” para el sistema productivo.

Es necesario defender una Universidad que se comprometa con la sociedad, que sea motor de transformación social. Pero no se trata, en este caso, de cambiar la sociedad desde la universidad para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más comprensiva, sino de adaptar la universidad para que sea útil a los cambios que ya se están produciendo en la economía; y a la vista está que los resultados de estos cambios no están siendo precisamente justos, ni comprensivos, ni equitativos.

Lo que parece haberse convertido en la tarea esencial de la enseñanza superior, en la época de la globalización neoliberal, ya no es la producción de ‘seres humanos razonables’, es decir, de personas capaces de juzgar y decidir razonable y rigurosamente, sino la de asalariados intelectualmente muy cualificados. La educación humanista, por muy ilusoria que haya podido ser su pretensión a la universalidad en una sociedad de clases, se proponía como meta la emancipación intelectual y, como referencia ideal, un ser humano completo para quien el trabajo no constituía la exclusiva ocupación de la vida. Este ideal se ha quebrado en la era neoliberal.

Nos arriesgamos a perder la universidad pública como la conocemos, es decir, la Universidad como servicio social que ofrece una cobertura amplia y que prima la búsqueda, transmisión y producción de conocimientos como un valor en sí mismo, y no como un mero instrumento al servicio del mercado. Porque la demanda de las grandes corporaciones multinacionales y financieras, proporcionar a la industria y los servicios trabajadoras y trabajadores adaptados a las exigencias de la producción moderna, se ha convertido, con mucho, en la más importante de las funciones atribuidas a la enseñanza universitaria al cabo de los años. La persona trabajadora “flexible”, “competitiva” y “polivalente” constituye así la referencia del nuevo ideal pedagógico (Díez Gutiérrez, 2010).

 

El papel público de la educación como campo de entrenamiento para la democracia y para la ciudadanía democrática se ha pasado a considerar como un despilfarro del gasto público, siendo reemplazado por esta peligrosa y sutil ideología, con un riesgo muy real de reducir la enseñanza superior a las “competencias” útiles para las empresas, un campo de entrenamiento para atender las necesidades de las empresas y de obedecer con ello a un utilitarismo que impide a los jóvenes interesarse mínimamente en lo que parece no ser vendible en el mercado de trabajo (Laval, 2004). En consecuencia, las competencias pre-identificadas por el mercado de trabajo están dominando la reforma del currículo de la educación superior al servicio de una mayor competitividad económica. Otras capacidades que podrían promover una sociedad más justa y mejor van quedando “obsoletas” y se las obvía progresivamente (Barnett, 2001). De esta manera, en este proceso se le asigna cada vez más el aval institucional a aquello que es percibido como económicamente útil. La universalidad propia del conocimiento universitario ha sucumbido al modelo pragmático e instrumental del saber al servicio de la economía.

La educación superior se está transformando en un campo de batalla sobre si entender la Universidad en términos de competencia o concebirla como garantía de un derecho fundamental, el derecho a la educación. Seguir caminando hacia un modelo de convergencia que entienda la educación superior en términos de competencia significa profundizar en un modelo de Espacio Europeo de Educación superior donde ésta es concebida como un bien de mercado no como un servicio público (Villalba Jiménez, 2010).

Estas medidas son las que han sacado a la clase universitaria a la calle. Pero poco puede hacer la ciudadanía contra una decisión que se les impone e hipoteca su futuro si demuestran su disconformidad por separado. Sin embargo, los estudiantes europeos están demostrando tener claro que el futuro está aquí, que es suyo y se decide ahora: por eso, en Roma como en Londres, Grecia o Portugal, por toda Europa, luchan por liberar a la democracia y a la política secuestrada por los organismos internacionales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central), al servicio de los grandes grupos financieros, la sacan a la calle y siguen luchando.

Por ello, necesitamos repensar los auténticos problemas de la Universidad para que otro proceso de convergencia sea posible: déficit y mala conservación de infraestructuras universitarias; baja financiación pública; dificultad para configurar una educación superior que forme ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en su mundo y transformarlo; mecenazgo de la universidad pública por parte de la empresa privada; privatización del conocimiento; estructuras de gobierno universitario poco participativas y democráticas, con injerencia del mundo empresarial; pérdida de la autonomía universitaria; precariedad en las condiciones de trabajo de investigadores e investigadoras, profesorado contratado o becarios y becarias… Ésta es la convergencia europea por la que habría que luchar. Una reforma de la educación superior desde una óptica auténticamente social y al servicio de toda la sociedad.