A.U. Contrapoder

DIEGO BARCALA - PÚBLICO

"Venceréis, pero no convenceréis". Han pasado más de siete décadas desde que el entonces rector de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno lanzara su frase acosado por el fascismo golpista en el paraninfo. Después de 40 años de oscura reflexión, la universidad ha recuperado su espacio en la democracia. Sin embargo, el debate sobre los límites ideológicos en los centros docentes sigue vivo. La aparición esporádica de ultras adoctrinantes y la crítica feroz que reciben las iniciativas de izquierdas llaman a la reflexión sobre si basta con la libertad de cátedra para tener una universidad plural.

El último acto de censura a las ideas alternativas quedó registrado el pasado abril. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, fue tildado de "antidemocrático" por apoyar un acto en favor del juez Baltasar Garzón. "Sería mejor que algunas universidades dedicaran más tiempo a elevar el nivel de enseñanza que a otras cosas que hemos visto", llegó a declarar el ex presidente del Gobierno José María Aznar. El presidente de honor del PP fue investido el pasado jueves doctor honoris causa por la Universidad Católica de Murcia y habló en su discurso del terrorismo.

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid votó el pasado 2 de noviembre una moción, impulsada por el PSOE e IU, de reprobación de las palabras de su alcalde, Francisco León de la Riva, quien dijo “pensar siempre lo mismo” al ver “los morritos” de Leire Pajín. Durante el pleno, un grupo de vecinos se levantó mostrando tarjetas rojas al alcalde que reaccionó ordenando a la policía desalojar a los vecinos.

Dos semanas antes, el jueves 21 de noviembre, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de Complutense habían recibido a Rosa Díez de la misma forma, leyendo además un comunicado donde denunciaban que la diputada de UPyD pretendía usar el rechazo que su presencia despertaba entre los estudiantes de izquierdas como trampolín mediático.

Las encuestas sobre intención de voto y valoración de los líderes políticos están mostrando un notable desapego ciudadano hacia sus representantes así como un creciente cuestionamiento de la calidad democrática de un sistema político cada vez más mediatizado. La reducción del debate político a un diálogo de pocos con agendas cerradas y la creciente tecnificación de la política son factores que, a su vez, contribuyen al desprestigio de la política en general y de los políticos profesionales en particular. La denominada clase política se identifica, de hecho, con unas élites que no parecen rendir cuentas de su actividad más que ante sí mismas.

Las prácticas de democracia participativa, por el contrario, constituyen un elemento de oxigenación democrática de la esfera pública en la medida en que abren vías de rendición de cuentas (accountability) por las que los ciudadanos pueden interpelar a los políticos, reprocharles, alabarles o discutir con ellos.

En sociedades tan mediatizadas como las nuestras lo fundamental de toda iniciativa política que aspire a cierto éxito es su capacidad de comunicar a partir del manejo de códigos simbólicos y golpes de efecto. El estilo hipermediático de líderes y movimientos tan dispares como Berlusconi, Obama, Chávez, Greenpeace, los colectivos antiglobalización o el Tea Party no es más que una prueba de que participar en la lucha ideológica del siglo XXI obliga a generar productos políticos capaces de funcionar en el medio audiovisual, incluso en condiciones muy adversas, como cuando la práctica totalidad de los medios de comunicación no son afines al actor político que interviene. En este contexto, iniciativas como la de los estudiantes o los vecinos, por lo que tienen de comprometedoras para los interpelados, desbaratan el reparto de papeles entre el político (emisor de discurso) y los ciudadanos (receptores pasivos) y son por ello muy saludables en términos democráticos.

Los argumentos que pretenden justificar que el alcalde de Valladolid desalojara manu militari a los vecinos que protestaban en el pleno así como las acusaciones de intolerancia contra los estudiantes de la Complutense que forzaron a Rosa Díez a escuchar la lectura de un comunicado pecan o bien de una cándida ingenuidad (que no merece ningún tipo de atención politológica) o bien de una hipocresía inaceptable. En el escenario político actual, los grandes medios han normalizado que la corrupción salpique regularmente a la mayoría los partidos políticos, que presidentes del gobierno justifiquen acciones militares basándose en pruebas abiertamente falsas o que los gobernantes admitan sin reparos obedecer dictados de organismos tan ajenos a la voluntad popular como los mercados o los organismos financieros internacionales mientras, paralelamente, tienden a dramatizar cualquier intervención de actores políticos no institucionales (como los estudiantes o los vecinos). Pareciera como si el establishment político-mediático fuese tan indulgente y generoso consigo mismo como agresivo frente a la irrupción de “outsiders”; grupos y movimientos sociales o ciudadanos anónimos que sólo tienen acceso a la esfera pública mediante intervenciones imaginativas no convencionales.

Por otro lado, no hay que olvidar que tanto Rosa Díez (que junto a María San Gil promovió y participó en organizadísimos abucheos contra dirigentes del PNV) como el PP (algunos de cuyos militantes saltaron al estrellato al obligar a José Bono a huir a la carrera de una manifestación de la AVT) son especialistas en la bronca y el insulto como recursos mediático-políticos. Es lógico pensar que alguna vez tengan que saborear en boca propia el jarabe que tantos réditos les ha aportado.

No es casual que hayan sido los estudiantes de una facultad de políticas los creadores, a través de las redes sociales, de la tarjeta roja como instrumento de sanción simbólica para una clase política poco acostumbrada a rendir cuentas. Seguramente saben mejor que nadie que la política democrática ha sido siempre el arte del conflicto.

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Las imágenes de las revueltas sociales de los años 80 contra los gobiernos de Margaret Thatcher volvieron este miércoles a las calles de Londres después del fin de la manifestación contra la subida de las matrículas universitarias.

Un millar de jóvenes se dirigió a la Torre Millbank, donde se encuentra la sede del Partido Conservador, que fue sitiada durante horas. La Policía se vio cogida por sorpresa y no pudo impedir que unas 200 personas entraran en el edificio y rompieran cristales y mobiliario.

Un grupo más reducido consiguió subir hasta la azotea, pero ninguno de ellos penetró en las oficinas de los conservadores ni causó ningún daño a la gente que trabajaba allí (ver fotogalería).

Según la Policía, 14 personas, entre las que había tres policías, fueron atendidas en hospitales, ninguno con heridas de gravedad. Además, se han realizado 32 detenciones.

Algunos medios de comunicación sostuvieron que los responsables de los incidentes no eran estudiantes, sino miembros de grupos de extrema izquierda.

Uno de los jóvenes que se subió a la azotea desmintió a Público que hubiera allí gente ajena a la manifestación: “Excepto dos personas, todos los demás éramos jóvenes que habíamos salido a protestar. La Policía cerró las puertas del edificio y decidimos subir hasta arriba. La violencia contra el edificio comenzó cuando llegaron los policías antidisturbios con cascos y escudos y comenzaron a abusar de la gente”.

Por la mañana, 50.000 jóvenes recorrieron el céntrico distrito de Whitehall, donde se encuentran las sedes de las instituciones británicas. Protestaban contra los planes del Gobierno de David Cameron de mejorar las finanzas de las universidades permitiéndoles duplicar y hasta casi triplicar la matrícula en algunos casos.

Las universidades más caras podrán exigir matrículas de hasta 9.000 libras, unos 10.500 euros, a partir de 2012. El tope actual es de 3.290 libras, establecido en 2006.

Si bien el Gobierno argumenta que es la única manera de que los centros cuenten con más fondos para competir en un mercado global, la medida es una consecuencia del espectacular recorte del gasto público aprobado por el Ministerio de Hacienda.

La de hoy es la primera protesta masiva en la calle contra los recortes, porque los sindicatos han decidido aplazar las movilizaciones hasta la primavera. Creen que será entonces cuando la gente sufra con más intensidad el incremento del paro y el recorte generalizado de los subsidios sociales.

Los manifestantes destacaban en las pancartas la paradoja de que los líderes políticos, para los que el acceso a la universidad fue casi gratuito, exijan cantidades tan altas a futuros estudiantes.

“Dejé la universidad con una deuda de 20.000 libras (tras pagar la matrícula con créditos), y es terrible pensar que mis amigos podrían tener que deber al final el doble”, dijo uno de los congregados.

La manifestación transcurrió de forma pacífica y festiva hasta que un numeroso grupo de jóvenes se concentró ante la Torre Millbank, a orillas del Támesis. La Policía se vio desbordada porque, según admitieron luego sus mandos, no esperaba este desenlace.

Unos 40 agentes se parapetaron frente al edificio sin lograr impedir ni la rotura de cristales ni que algunos manifestantes les sobrepasaran. La Unión Nacional de Estudiantes se desmarcó de los incidentes. “Condeno desde luego lo que ha hecho una pequeña minoría y su actuación violenta”, dijo su líder, Aaron Porter.

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¡ATENCIÓN!: El Partido Popular va a presentar una enmienda propia que no cambia nada. La única enmienda que puede garantizar nuestros derechos es la que presentan GM-IU-ICV y Esquerra Republicana.

Las negociaciones que el PSOE está llevando a cabo con el resto de los grupos siempre han sido opacas, en lugar de abiertas al escrutinio público y a la participación ciudadana tal y como convendría a un régimen verdaderamente democrático. Las consecuencias de esas negociaciones pueden tener efectos devastadores sobre la libertad del conjunto de la ciudadanía. Tal es el caso de la Ley de Economía Sostenible. Si bien es cierto que España puede necesitar un cambio de modelo económico, el ejecutivo de Zapatero, con la inestimable colaboración del PNV y CC (y la complicidad del PP) intenta colar por la puerta de atrás una de la leyes más polémicas de esta legislatura: la llamada Ley Sinde, integrada en la LES (Ley de Economía Sostenible), como Disposición Final 2ª. Dicha propuesta de ley ya incendió a las/los internautas a principios de año porque permite el cierre de cualquier web que aloje enlaces a contenidos con copyright, sin orden judicial, sin juicio previo y a petición de una comisión compuesta por las industrias culturales, abanderadas por la SGAE y las grandes discográficas.  Infórmate de las implicaciones de esta ley.

Estas son algunas de las consecuencias que tendrá esa ley:

Estamos ante un hecho sin precedentes en toda Europa: una ley diseñada a medida del lobby de las industrias culturales agrupadas en La Coalición. Durante esta semana las/los parlamentarias/os tienen en sus manos la libertad en la red. Y sabemos que no hay libertad de ningún tipo sin libertad de expresión.

Por todo ello:

Exprésale a las/os parlamentarias/os tu preocupación por su votación a las enmiendas contra la Ley Sinde.

Exígeles que sean transparentes y que nos digan si van a vender una libertad para comprar, dudosamente, seguridad (o simplemente para satisfacer sus necesidades de partido).

Llama a las sedes locales de tu partido para exigir que no callen frente al atropello a los derechos civiles que va a cometer el PSOE y para demandarles un posicionamiento radicalmente en contra, pues de lo contrario no tendrás motivos para votarles.

Tal y como revelaba Interviú el pasado 28 de Octubre, conocidos militantes neonazis (Juan Antonio Aguilar y Sara Fernández Zurita) fueron invitados a impartir clases en un curso que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM entre febrero y junio de 2010 sobre criminología. En él, los neonazis tuvieron la oportunidad de exponer todos sus discursos sobre “Israel, ETA, el 11-S, los crímenes de guerra y la maestría de Goebbels como propagandista”. El curso lo organizaba Carlos Coloma Valls, colaborador del departamento y contertulio habitual de Intereconomía.

Como señala la revista Interviú, Juan Antonio Aguilar fue miembro fundador de Bases Autónomas, un grupúsculo de ideología fascista involucrado en diferentes asesinatos de militantes de izquierda, homosexuales y migrantes durante los últimos años 80 y primeros 90. Militante de Falange española en los años 90, se presentó a las elecciones del año 2000 bajo la candidatura de España 2000, posteriormente dirigente del MSR (Movimiento Social Republicano) e imputado en el juicio contra la banda neonazi Blood & Honour que se desarrolló el pasado Junio.

Juan Antonio Aguilar compartió el púlpito del seminario con Sara Fernández Zurita (histórica militante del fascismo español), Jesús Palacios (responsable de relaciones con el exterior del Círculo Español de Amigos de Europa, CEDADE, cuyo Presidente afronta una pena de prisión por apología del genocidio), y varios miembros de la policía, el CESID, y el Ejercito español. El curso estuvo coordinado por Carlos Coloma, psicólogo social, tertuliano habitual de Intereconomía, y director de la revista de difusión de pensamiento fascista Disidencias.

Por un lado los medios de extrema derecha (e incluso algunos autodenominados progresistas) ponen en el punto de mira a los estudiantes de esta facultad cuando desarrollan una protesta pacifica contra Rosa Diez; y por otro normalizan con su silencio el desarrollo de un curso organizado por personas que niegan el holocausto y que han sido imputadas por vinculación con bandas violentas. Curiosamente, todos los adalides de la “tolerancia” y sus potentes medios de comunicación empresariales, que criminalizan cada expresión de participación estudiantil y pensamiento crítico, guardan ahora un silencio turbio. Pareciera entonces que el verdadero objetivo de sus ataques contra nuestra facultad no es otro que la izquierda organizada y mayoritaria, mientras que los neonazis no constituirían un problema para la convivencia. Esta inconsistencia nos parece reveladora de las credenciales democráticas de los enemigos de nuestra facultad y su vida política y cultural, ante la que quedan ampliamente desprestigiados.

La Universidad no puede ser una tribuna para el fomento del fascismo: el odio del penúltimo hacia el último, el racismo y la homofobia. En nuestra facultad, cuna de pensamiento crítico, de solidaridad y de memoria antifascista, no hay cabida para los nazis, y por eso su presencia ha tenido que darse de forma clandestina. Estudiantes, investigadores, trabajadores de la universidad y profesores rechazamos de forma contundente el uso de las aulas para lanzar propaganda nazi.

Por ello desde Contrapoder exigimos una aclaración pública de quien, dentro del Departamento de Psicología Social, ha organizado un curso en el marco del cual se ha invitado, junto con inspectores de policía, coroneles del CESID o tertulianos de la cadena ultra “Intereconomía”, a conocidos dirigentes neonazis. Queremos saber quién ha traído a nuestra facultad, pagado y amparado, a los nazis, y exigimos las responsabilidades derivadas y una rectificación pública. Llamamos a los estudiantes y precarios a reforzar las organizaciones y colectivos de izquierda y a defender la universidad como lugar de participación cultural, discusión y pensamiento insumiso frente al fascismo, histórica amenaza del pensamiento libre.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
Universidad Complutense de Madrid,
3 de noviembre de 2010.