A.U. Contrapoder

La Huelga General del 29 de Septiembre de 2010 abrió un rayo de optimismo para luchar colectivamente frente a este deprimente panorama, pero el Pacto Social al que han llegado en enero de 2011 el Gobierno central (PSOE), las organizaciones empresariales CEOE-CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT, constituye un ataque más a los derechos y condiciones económicas de la mayoría: ¡nos obligan a trabajar más años para tener derecho a una pensión de jubilación y a que ésta sea más escuálida! En concreto:

• Se retrasa la edad legal de jubilación al alargarse la vida laboral hasta los 67 años (antes era hasta los 65 años).
• Se endurece el acceso a la pensión máxima: hay que cotizar 37 años para cobrar el 100% (antes bastaba con 35 años).
• Sólo se podrán jubilar a los 65 años con el 100% quienes hayan cotizado 38,5 años (antes, 35 años).
• Se retrasa la posibilidad de la jubilación anticipada voluntaria hasta los 63 años (antes, 61) y se aumenta la penalización.
• Se recorta la renta media de la pensión, aumentando de 15 a 25 años (de forma progresiva) el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión.
• Se endurece la jubilación parcial hasta casi impedirla.

¿Por qué las dos fuerzas sindicales mayoritarias han aceptado semejante ataque a todas y todos los trabajadores? ¿Por qué no han vuelto a convocar una segunda Huelga General y todas las que hagan falta hasta derrocar esta dictadura de las élites capitalistas? El Gobierno lanzó su chantaje proponiendo una reforma del sistema de pensiones aún peor y el tándem CCOO-UGT entró en el juego de regatear en este nuevo atraco que nos ha costado, finalmente, un 20% medio de reducción de pensión.

Había que reformar el sistema, decían, para evitar su quiebra futura y para reducir el gasto público. Pero resulta que el sistema está en la actualidad razonablemente saneado y la reducción del gasto público será muy escasa y apenas se notará a corto plazo (hasta 2050 no se aplicarán plenamente todas esas medidas). Las élites políticas, económicas y sindicales, además, han utilizado argumentos falaces respecto a la situación demográfica: en efecto, ha aumentado ligeramente la tasa de esperanza de vida media, pero esa “tasa media” esconde confusamente muchos fenómenos (descenso de la mortalidad infantil, mortalidad mayor en los grupos sociales más pobres, reducción del número de años saludables y aumento de las enfermedades crónicas, variaciones de la tasa de esperanza de vida según el año a partir del que se calcule, etc.) obviados en las discusiones y en su justificación mediática. Vivir más años no significa que se tengan fuerzas para trabajar más años. Y vivir mejor, con dignidad y recursos merecidos, no es sólo una cuestión de solidaridad intergeneracional, sino un derecho irrenunciable a mejorar nuestra calidad de vida.

El Pensionazo es la última de las más duras agresiones que hemos sufrido todas y todos los trabajadores. Millones de personas no podrán ni siquiera llegar a cotizar el mínimo de años necesarios para cobrar una pensión debido a la temporalidad, al desempleo y al incremento continuado de los años de formación. Se cobrará menos y aparecerán, por lo tanto, más bolsas de pobreza entre la población anciana, afectando especialmente a las mujeres que siguen ejerciendo mayoritariamente los trabajos de cuidado no remunerados de todas las personas dependientes y los de reproducción de los hogares en general.

Los bancos tienen ahora una vía más de lucro y de especulación financiera para atraer a fondos de pensiones privados los ahorros de quienes consideran que el sistema público no les cubrirá suficientemente, a la espera del nuevo embate que recibirá en los siguientes años después de esta decisiva batalla perdida.

El chantaje del Gobierno y de la Patronal no se debía haber aceptado bajo ningún concepto. Las clases trabajadoras sólo podrían aceptar una reforma de la Seguridad Social que se centrase en aumentar los ingresos del sistema y no en reducir los gastos. Y los ingresos se podrían aumentar de muchas maneras, por ejemplo:

• Creando empleos de calidad y estables, para que exista un número mayor de cotizantes.
• Aumentando los salarios, para contribuir más a la Seguridad Social.
• Aumentando el empleo de la mujer (la tasa de paro femenino en España es la más alta en Europa).
• Combatiendo el fraude fiscal y la economía sumergida.
• Aumentando los impuestos a los más ricos.
• Incrementando la aportación al sistema por medio de los Presupuestos Generales del Estado, deduciéndola, por ejemplo, de las subvenciones a empresas privadas, de las “inyecciones de capital” a los bancos y de la asignación militar (en 2011 el gasto militar presupuestado asciende a 17.244 millones de euros, equivalente a unos 47,24 millones de euros cada día; mientras que las guerras exteriores en las que participó España en 2010 han costado 788 millones de euros: www.centredelas.org)

¿Qué pueden pensar ahora todas las personas que han votado alguna vez al PSOE, a CCOO y UGT creyendo honestamente en sus proclamas de defender a las clases trabajadoras y los servicios públicos frente a las políticas, en apariencia, más explícitamente neoliberales del PP y de otros sindicatos aún más corporativistas? ¿No se dan cuenta de que, engaño tras engaño, con medidas igual de retrógradas y decisiones igual de elitistas, están socavando los mínimos de nuestra vida en común? ¿Acabarán, finalmente, por prohibir y perseguir a cualquier organización que cuestione la “nueva normalidad” de mayor injusticia e insolidaridad que están imponiendo, empezando por los mismos sindicatos cada vez más irrelevantes hasta para firmar Convenios Colectivos que ya no son apenas vinculantes?

Todo lo anterior nos afecta especialmente al sector de la educación superior. La carrera académica está plagada de situaciones irregulares como las becas que no proporcionan una cotización adecuada a la Seguridad Social. Las Tesis Doctorales se defienden en edades próximas a los 30 años y a partir de ahí las plazas de profesorado ofertadas son en su mayoría precarias e inestables con lo que incluso es improbable, en adelante, una cotización de 35 años seguidos. Para quienes no siguen la vía académica, la inflación de títulos obliga cada vez más a cursar másters, estudios de postgrado y cursos complementarios (muchos de ellos a través de fundaciones privadas) que retrasan la incorporación al empleo cuando no ocultan, simplemente, el desempleo y la precariedad generalizada, y obligan siempre a los/as estudiantes a soportar los elevados costes de las matrículas. La temporalidad e inestabilidad son también la norma en las numerosas subcontrataciones que hacen las universidades (limpiezas, cafeterías, reprografía, etc.) y en una creciente parte de sus plantillas de administración y servicios. ¿Hasta dónde va a continuar esta destrucción de la universidad pública?

Hemos enumerado sólo algunos de los problemas que padecemos, pero el Pensionazo y el Pacto Social han sido la gota que colma el vaso. No vamos a cejar de denunciar y frenar todo este conjunto de ataques a la educación superior pública, de calidad e igualitaria. Lo haremos en todas las instancias académicas y ante cualquier medida que los materialice, pero también los expondremos abiertamente a toda la sociedad. Tenemos mucho que mejorar aún y seguiremos haciéndolo, pero ahora iniciamos una movilización junto a otros sectores sociales en oposición a todas esas políticas que pretenden dilapidar el modelo público de universidad.